Al principio, la inflación provoca un aumento de
los beneficios, puesto que los salarios y los demás costes
se modifican en función de las variaciones de precios, y
por lo tanto se alteran después de que los precios hayan
variado, lo que provoca aumentos en la inversión de
capital y en los pagos de dividendos e intereses. Puede que el
gasto de los individuos también aumente debido a la
sensación de que más vale comprar ahora porque
después será más caro; la apreciación
potencial de los precios de los bienes duraderos puede atraer a
los inversores. La inflación nacional puede, de forma
temporal, mejorar la situación de la balanza comercial si
se puede vender la misma cantidad de bienes a mayores precios.
Los gastos del gobierno también aumentan porque suelen
estar explícita, o implícitamente, relacionados con
las tasas de inflación para mantener el valor real de las
transferencias y servicios que proporciona el gobierno. Los
funcionarios también pueden prever la inflación y
por lo tanto establecer mayores necesidades presupuestarias
previendo unos menores ingresos impositivos reales debido a la
inflación.
Medidas de estabilización
Cualquier intento serio de atacar la inflación
implicará dificultades y riesgos, siendo además un
proceso largo porque las medidas restrictivas tienden a reducir
la producción y el empleo antes de que se hagan patentes
los beneficios. Por otra parte, las medidas fiscales y monetarias
expansivas tienden a aumentar el nivel de actividad
económica antes de que aumenten los precios. Estos riesgos
económicos y políticos explican por qué
predominan las políticas expansionistas.
Las medidas de estabilización anulan los efectos
de la inflación y la deflación al restablecer el
nivel normal de actividad económica. Para que sean
efectivas, estas medidas tienen que ser permanentes y no
solamente ajustes temporales que, a menudo, no consiguen
más que agravar las variaciones cíclicas. El
requisito indispensable para luchar contra la inflación
implica que la cantidad de dinero y de créditos crezca a
una tasa estable en función de las necesidades de
crecimiento de la economía real y financiera. Los bancos
centrales pueden determinar, a largo plazo, la disponibilidad de
dinero y créditos controlando las reservas financieras
necesarias, y con otro tipo de medidas.
La restricción monetaria durante las recesiones
cíclicas permite la recuperación financiera. Sin
embargo, las autoridades monetarias no pueden imponer la
estabilidad económica si la inversión y el consumo
privados siguen creando presiones inflacionistas o
deflacionistas, o si el resto de la política
económica entra en contradicción con la
política monetaria anti-inflacionista. El gasto
público y la política impositiva tienen que ser
coherentes con la actuación monetaria con el fin de lograr
estabilidad y evitar excesivas oscilaciones en la política
económica.
Efectos
Los efectos de la inflación y la deflación
son varios y cambian a lo largo del tiempo. Normalmente, la
deflación es debida a una caída en la
producción ya un aumento del desempleo. Los menores
precios debidos a la deflación pueden llegar a aumentar el
consumo, la inversión y el comercio exterior, pero
sólo si se corrigen las causas fundamentales que
provocaron el inicio de la deflación.
Al principio, la inflación provoca un aumento de
los beneficios, puesto que los salarios y los demás costes
se modifican en función de las variaciones de precios, y
por lo tanto se alteran después de que los precios hayan
variado, lo que provoca aumentos en la inversión de
capital y en los pagos de dividendos e intereses. Puede que el
gasto de los individuos también aumente debido a la
sensación de que más vale comprar ahora porque
después será más caro; la apreciación
potencial de los precios de los bienes duraderos puede atraer a
los inversores. La inflación nacional puede, de forma
temporal, mejorar la situación de la balanza comercial si
se puede vender la misma cantidad de bienes a mayores precios.
Los gastos del gobierno también aumentan porque suelen
estar explícita, o implícitamente, relacionados con
las tasas de inflación para mantener el valor real de las
transferencias y servicios que proporciona el gobierno. Los
funcionarios también pueden prever la inflación y
por lo tanto establecer mayores necesidades presupuestarias
previendo unos menores ingresos impositivos reales debido a la
inflación.
Medidas de estabilización
Cualquier intento serio de atacar la inflación
implicará dificultades y riesgos, siendo además un
proceso largo porque las medidas restrictivas tienden a reducir
la producción y el empleo antes de que se hagan patentes
los beneficios. Por otra parte, las medidas fiscales y monetarias
expansivas tienden a aumentar el nivel de actividad
económica antes de que aumenten los precios. Estos riesgos
económicos y políticos explican por qué
predominan las políticas expansionistas.
Las medidas de estabilización anulan los efectos
de la inflación y la deflación al restablecer el
nivel normal de actividad económica. Para que sean
efectivas, estas medidas tienen que ser permanentes y no
solamente ajustes temporales que, a menudo, no consiguen
más que agravar las variaciones cíclicas. El
requisito indispensable para luchar contra la inflación
implica que la cantidad de dinero y de créditos crezca a
una tasa estable en función de las necesidades de
crecimiento de la economía real y financiera. Los bancos
centrales pueden determinar, a largo plazo, la disponibilidad de
dinero y créditos controlando las reservas financieras
necesarias, y con otro tipo de medidas.
La restricción monetaria durante las recesiones
cíclicas permite la recuperación financiera. Sin
embargo, las autoridades monetarias no pueden imponer la
estabilidad económica si la inversión y el consumo
privados siguen creando presiones inflacionistas o
deflacionistas, o si el resto de la política
económica entra en contradicción con la
política monetaria anti-inflacionista.
El gasto público y la política impositiva
tienen que ser coherentes con la actuación monetaria con
el fin de lograr estabilidad y evitar excesivas oscilaciones en
la política económica.
Políticas
La Conexión entre la Política Cambiaria
y la Monetaria
Como lo hemos señalado, un factor que ha
contribuido a corregir el desbalance estructural en las cuentas
externas de Colombia ha sido la adopción del
régimen de flotación cambiaria, desde Septiembre de
1999.
También se puso en marcha un sistema de reglas de
intervención que cumplen tres propósitos
fundamentales:
1. Opciones "put" para Acumular Reservas
Internacionales. El Banco de la República anuncia
periódicamente el cronograma y el monto de las subastas a
través de la cuales busca acumular divisas. Lo usual han
sido programaciones trimestrales, en las cuales se ofrecen
subastas mensuales en el rango US $ 30-200 millones.
2. Opciones "call" para Des-Acumular Reservas
Internacionales. Este mecanismo se instituyó desde
Diciembre de 2001, pero al cierre del 2002 no se había
utilizado. La idea es contar también con un mecanismo para
des-acumular reservas, cuando quiera que la Junta lo estime
conveniente, especialmente si se observan riesgos de que un
elevado ritmo de devaluación pueda amenazar la meta de
inflación (el llamado passthrough). Esta compra de divisas
por parte de los agentes del mercado al Banco de la
República operarían bajo el mismo esquema de
subastas holandesas y su punto de disparo sería cuando la
TRM > PM20.
3. Opciones "call" o "put" para controlar la volatilidad
del tipo de cambio. Si la TRM resultara inferior/superior en
más de un 4% respecto al promedio móvil de 20
días de la TRM, el Banco de la República
procederá a comprar/ofrecer hasta US $180 millones, en
cada evento, con el fin de controlar dicha volatilidad. Debido a
la turbulencia internacional del tercer trimestre del 2002, este
mecanismo se disparó en tres ocasiones, llegando a ofrecer
divisas al mercado por un total de US $540 millones, de los
cuales se ejercieron US $414 millones, o sea, el 3,8% de las
RIN.
La principal virtud de flotar la tasa de cambio y
amortiguar sus fluctuaciones a través de estos mecanismos
de opciones es que permite repotenciar la política
monetaria, al otorgarle cierta exogeneidad a esta última.
Pero otra virtud que cabe destacar de este arreglo es que permite
entender que frente a choques externos debe ser la tasa de cambio
la que reaccione y no tanto la política monetaria interna.
Por ejemplo, la flotación cambiaria resultó
fundamental para enfrentar el riesgo de contagio que
surgió a raíz de la crisis Argentina de
2001-2002.
Política Económica
Aquellas medidas que toma un Gobierno para influir en la
marcha de una Economía. Algunas medidas, como el
presupuesto, afectan a todas las áreas de la
economía y constituyen políticas de tipo
macroeconómico.
Otras Afectan en exclusiva a un sector
específico, como por ejemplo, la agricultura y constituyen
políticas de tipo microeconómico. Los dos tipos de
medidas influyen entre sí, puesto que cualquier
decisión que cambie toda la economía tendrá
efectos sobre las distintas partes, y aquella política que
afecte sólo a un sector implicará repercusiones
sobre el conjunto.
Las políticas de corte microeconómico son
tan variadas que resulta imposible mencionarlas todas. Pueden
estar dirigidas a un sector, a una industria, a un producto o a
varias áreas de la actividad económica. Por
ejemplo, una política microeconómica puede ser la
nacionalización o la privatización de los
ferrocarriles, la prohibición de exportar cuero o el
cierre de las tiendas los domingos.
También forman parte de la política
macroeconómica la regulación del mercado de trabajo
(como, por ejemplo, obligar a que se establezca igualdad salarial
entre sexos), el equilibrio entre la producción y venta de
ciertos productos, como por ejemplo las medicinas, o la
ordenación de distintas actividades, como el
depósito de dinero en los bancos. Algunas políticas
macroeconómicas pretenden reglamentar el funcionamiento de
la economía, otras van encaminadas a favorecer a ciertos
sectores o actividades específicas. Existen fuertes
vínculos entre las distintas políticas sociales, en
especial las que afectan a la educación o a la sanidad
pública, que pretenden mejorar la salud, el nivel
educativo y la productividad de las personas. En general, las
políticas macroeconómicas crean el marco legal en
el que deben operar los distintos mercados, porque de lo
contrario las fuerzas de la competencia generarían graves
injusticias de tipo social.
El alcance de la política macroeconómica
depende del sistema económico existente, del marco legal
del país y del tipo de instituciones. El sistema puede ser
capitalista o comunista, puede tratarse de una economía de
mercado o una economía planificada, preindustrial o
industrializada.
También existen importantes discrepancias entre
los economistas sobre el grado de intervención del
Gobierno. Algunos defienden la política del laissez-faire
("dejar hacer") y confían en el buen funcionamiento de las
fuerzas del mercado al destacar la mala gestión del sector
público.
La política macroeconómica más
importante es la que intenta fijar la demanda, al actuar sobre la
presión que se deriva de los recursos de la comunidad;
ejerce el control del poder adquisitivo, y por tanto, de la
demanda, que por lo general se regula mediante la política
monetaria y medidas fiscales. Desde el punto de vista monetarista
se controlan los tipos de interés que cobran los bancos
Desde el punto de vista monetarista se controlan los tipos de
interés que cobran los bancos y la cantidad de
crédito que pueden conceder; también se regula la
tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en
circulación.
En algunos casos estas acciones se complementan
restringiendo las condiciones de las compras a plazos, alargando
o reduciendo los plazos de amortización. Desde el punto de
vista fiscal, el Gobierno puede variar su sistema impositivo o la
cantidad de impuestos que cobra para favorecer unas actividades y
frenar otras, ya sean los gastos de consumo o el nivel de
inversión.
En tiempos de guerra, o en las economías
comunistas o planificadas, la política económica es
más severa y la intervención gubernamental mucho
mayor. La política económica consiste, en este
caso, en planificar de manera centralizada todo lo concerniente
al proceso de producción, en lugar de dejar que sean los
trabajadores y los consumidores los que establezcan
Sus preferencias en los mercados, convirtiendo los
precios en indicadores de estas tendencias.
Aunque casi toda la política económica la
diseña el Gobierno, algunos aspectos dependen de otras
instituciones. Por ejemplo, la estabilidad de precios y el
control de la oferta monetaria son dos tipos de medidas que
dependen de la autoridad monetaria, es decir, del banco
central.
Además, el éxito que tenga la
política económica no es algo que dependa
únicamente de la acción del gobierno, sino que
depende en gran medida de las reacciones de los agentes
económicos, de su comportamiento y de la confianza que
tengan en la administración, algo que el gobierno mismo no
puede controlar, y menos a corto plazo. El impacto de la
política económica
También depende de la cualificación y del
nivel de conocimiento de las personas que propongan las distintas
medidas. Puesto que el diseño de la
Política económica depende del trabajo de
muchas personas, ministerios e instituciones, es imprescindible
que exista una buena coordinación entre ellos.
El problema de la coordinación cobra especial
importancia cuando la política Económica afecta a
las relaciones internacionales. En las relaciones entre dos
países hay que contemplar distintas facetas puesto que
intervienen varios factores económicos como los tipos de
cambio, los aranceles, las relaciones que se reflejan en la
balanza de pagos, la inversión, el comercio, problemas de
doble imposición, las leyes sobre propiedad intelectual,
etc.
Un cambio en cualquiera de estos factores
supondrá repercusiones sobre la
Economía nacional que pueden ser de la
máxima importancia, por lo que es
Necesario coordinar los distintos aspectos de la
política nacional y la política
Internacional.
Existen fuertes discrepancias respecto a cuál
debe ser el carácter de la política
económica; ¿debe diseñarse una
política económica automática o, Por el
contrario, es mejor diseñar una política
económica discrecional en función de los factores
que la condicionan? Algunos expertos en la materia defienden que
hay que lograr el equilibrio presupuestario o, al menos, limitar
los déficit. Otros proponen que el banco central
establezca un límite a la tasa de crecimiento de la oferta
monetaria.
Otros especialistas defienden que el desempleo debe
mantenerse por debajo de determinado porcentaje de la
población activa.
Todas estas recomendaciones no sólo reflejan una
falta de confianza en la clase política que decide las
distintas medidas que se han de aplicar en esta área, sino
que además atribuye a las autoridades económicas la
potestad de controlar de forma ilimitada distintos aspectos de la
economía. A partir de la década de 1970 la
política macroeconómica ha cambiado de forma
drástica. Existe una tendencia a limitar el papel de los
Gobiernos y a reducir el poder del Estado, sobre todo en lo que
concierne a su capacidad de gasto; cada vez es mayor el
escepticismo existente sobre la capacidad de la
administración estatal para gestionar de un modo adecuado
la actividad económica y la confianza en el control de la
demanda como medio para estabilizar el nivel de empleo es
aún menor. Se subraya la necesidad de actuar en la
siguiente dirección: aumento de la competencia, incentivo
de la innovación y de las empresas, promover el atractivo
exterior de la economía nacional para atraer la
inversión extranjera y, sobre todo, intentar mejorar la
educación y el nivel de formación de los
trabajadores.
Política Monetaria
Conjunto de instrumentos utilizados por un gobierno
nacional o por el banco
Central de un país para hacer variar la cantidad
de dinero presente en la economía a fin de influir
directamente sobre el valor de la divisa nacional, sobre la
producción, la inversión, el consumo y la
inflación.
La política monetaria, cuyo objetivo es sostener
la actividad económica proporcionando a los agentes
financieros la liquidez y los créditos indispensables para
consumir, invertir y producir, no debe mostrarse demasiado
restrictiva, porque correría el riesgo de bloquear el
crecimiento económico, ni demasiado expansionista, en la
medida en que tal situación favorecería el aumento
de la inflación (el alza generalizada de los precios) al
inyectar demasiado poder adquisitivo en una economía que
no dispone de bienes suficientes para satisfacer la
demanda.
Un tipo de política monetaria en este sentido
sería, por ejemplo, obligar a los bancos a depositar en
una cuenta no remunerada del banco central una proporción
de sus depósitos a la vista y a plazo, que constituyen las
reservas obligatorias, y que no pueden emplear libremente ni, por
tanto, utilizar para aumentar los créditos en la
economía. Al modificar los tipos de
Reservas obligatorias, el banco central fomenta el
crédito o lo penaliza.
Otros instrumentos utilizados en política
monetaria son la intervención en el mercado monetario y
las operaciones de redescuento: puesto que los bancos deben
refinanciarse ante el banco central (comprar un dinero del que no
disponen en cantidades ilimitadas), están obligados a
aceptar el coste de tal refinanciación, que varía
en función de la política fijada por las
autoridades monetarias. Al aumentar ese coste (el tipo de
redescuento), aquéllas inducen a los bancos a aumentar sus
propios tipos de interés ante sus clientes, lo cual
ralentiza la actividad crediticia (si se reduce ese coste, se
observa el efecto contrario).
Los objetivos de la política
monetaria
Los objetivos últimos de la política
monetaria son el crecimiento económico, el control de la
inflación y la defensa del valor de la divisa nacional con
relación a otras divisas extranjeras. En la
práctica, para alcanzar estos fines es necesario
establecer una serie de objetivos intermedios, directamente
controlables por el organismo emisor. La masa monetaria es el
objetivo cuantitativo más vigilado. El banco central fija
todos los años el tipo de crecimiento de uno de sus
agregados (el agregado elegido varía según el
país) y utiliza los instrumentos a su disposición
para que no se sobrepase ese tipo. Los tipos de interés
son también elementos esenciales de una política
monetaria. Sus movimientos al alza o a la baja influyen en la
inversión y en el consumo, mediante la orientación
de los créditos. Gracias a la política de open
market y a la política de redescuento, es posible influir
en sus movimientos respecto a los créditos a corto plazo,
incluso si los mercados financieros siguen siendo en
última instancia quienes fijan los tipos de interés
a largo plazo: ponen precio en realidad al valor de las
obligaciones y fijan ellos mismos sus tipos de
remuneración, que constituyen de hecho los tipos de
interés a largo plazo.
El debate entre keynesianos y
monetaristas
Realmente existe una polémica entre dos escuelas
de pensamiento para determinar si el objetivo más
importante de la política monetaria es el crecimiento de
la renta nacional o el control de la inflación. Para los
representantes del monetarismo, la única causa de la
inflación es el aumento inconsiderado de la masa monetaria
en la economía, cuya evolución, superior a la de la
renta
Nacional, tiene como consecuencia inmediata la subida de
los precios. Este
Aumento indebido de la cantidad de dinero es nefasto
para el crecimiento
Porque obliga a luchar contra la inflación
ralentizando la actividad económica.
Para los seguidores del keynesianismo, en cambio, la
causa de la inflación no es necesariamente monetaria, y un
aumento considerable de la cantidad de dinero no produce
automáticamente inflación.
Ese aumento puede contribuir a crear un poder
adquisitivo suplementario en un país donde la capacidad
productiva está en parte desaprovechada a causa del
desempleo o del escaso incremento de los ingresos.
En determinados casos, la política de crecimiento
de la masa monetaria puede provocar una estimulación de la
actividad económica y quedar por tanto justificada a
posteriori, sin que se manifieste por ello ninguna subida de los
precios. Joan Maynard Keynes no era un partidario incondicional
de esta clase de política, pero consideraba que las
variaciones de la masa monetaria y de los tipos de interés
no eran esenciales para explicar el comportamiento de los
empresarios, que basan en realidad la elección de sus
inversiones en la previsión de la actividad
económica y no en el coste de la inversión. La
mayoría de los grandes bancos centrales de los
países occidentales, en la actualidad independientes de
los poderes políticos (en Francia, Estados Unidos o
Alemania, por ejemplo), fomentan la visión monetarista,
estableciendo como objetivo principal la lucha contra la
inflación.
La adopción de la "inflación objetivo"
desde Octubre de 2000 (Banco de la República, 2000; Uribe
et.al. 1999) se ha traducido en cuatro cambios
fundamentales:
a) Anuncio Multi-anual de las metas de
inflación, lo cual ha facilitado la formación
de las expectativas de inflación y de
devaluación, reforzando así el cumplimiento de
dichas metas. Tal como ya lo explicamos, la Junta
adoptó una meta rango de 5-6% para el año 2003,
en vez de una puntual, y un rango de 3,5%-5,5% para el
año 2004, lo cual permitirá ir guiando las
expectativas de inflación de mediano plazo hacia el 3%
anual, antes señalado.b) Evaluación global del entorno
macroeconómico, especialmente de la situación
del sector real y financiero. En el primer caso, se han
venido evaluado los mecanismos de transmisión
crediticia (sistema de ventanillas) y, en el segundo caso, se
han reformado los sistemas de acceso a los recursos de apoyos
motivados por caídas de depósitos (atando su
costo a la tasa lombarda de expansión) y
flexibilizando su acceso.
Esto se ha traducido, por ejemplo, en que la
recomendación sobre la alteración de la postura en
las tasas de interés ahora mira, primero, el entorno macro
y las proyecciones de inflación y, luego, las coteja con
el promedio móvil de mediano plazo (20 y 45 días)
de los agregado monetarios, los que ahora se usan como
"líneas de referencia" y no como metas intermedias. En mi
opinión, inclusive dichas "líneas de referencia"
han dejado de ser tan relevantes debido al efecto de las
"innovaciones financieras" (especialmente del 3×1000), lo cual no
es sino una manifestación mas aguda de lo que ya se
había experimentado a principios de los
años noventa, cuando se intentó utilizar las
cuentas bancarias para propósitos de control tributario
(Clavijo, 1991).
Afortunadamente, a lo largo de los años
2001-2002, el mercado dio muestras de haber dejado de interpretar
las desviaciones respecto de las "líneas de referencia" de
la Base y/o del M3 como una antesala a posibles correctivos de la
Junta respecto de "la postura monetaria", tal como había
ocurrido cuando se hacía un seguimiento a los "corredores
monetarios". Las líneas de referencia monetaria, con el
tiempo, se constituirán en un instrumento más de
manejo interno del Banco y su equipo técnico, al tiempo
que se refuerzan las señales al mercado vía tasas
de interés.
Cabe recordar que, a lo largo de los años
noventa, la Junta del Federal venía definiendo vagamente
la trayectoria de sus agregados monetarios, con rangos
amplísimos entre 1-5% para M2, 2-6% para M3 y 3-7% para la
Deuda No-Financiera Privada (Board of Governors, 1996 p.4).
Nótese que la amplitud de dichos rangos equivalía
prácticamente a la inflación promedia de esos
años, debido a la alta volatilidad de esos agregados.
Más aun, en su informe al Congreso de los
EE.UU.
c) Fortalecimiento del instrumental operativo
del Banco a través de la adopción de
señales monetarias vía tasas de interés.
Desde finales del 2000 el Banco ha venido evaluando sus
pronósticos de inflación, cotejándolos
con sus líneas de referencia monetaria, y en la
tercera semana de cada mes anuncia cambios o ratifica la
postura de sus tasas de interés. Esta postura de tasas
se fundamenta en un sistema de tasas centrales, donde las
llamadas "tasas repo" de expansión o
contracción guían la tasa
interbancaria.
Un elemento que poco han entendido los analistas
financieros es que el impacto de estas tasas centrales
varía en función de la posición neta que
adopte el Banco Central: al inicio del año el emisor
experimenta "contracciones netas", luego la tasa relevante es la
de "repos" de contracción; en cambio en el último
trimestre del año el emisor expande sus cupos ordinarios
en grandes proporciones, luego en esa ocasión la tasa
relevante será la de "repos de expansión". Esto
significa que en aquellas ocasiones en que la posición
neta se altera de un mes para otro (caso típico de
principios de año), la postura monetaria se estará
afectando, sin necesidad de que el Banco Central mueva sus tasas
de referencia.
d) Adopción del sistema de Opciones "put" para
Acumular o "call" para Des- Acumular Reservas Internacionales. El
mecanismo de opciones "put" no solo ha permitido incrementar las
Reservas Internacionales Netas (RIN) durante el periodo
1999-2002, sino que ha provisto de recursos monetarios mas
permanentes al sistema financiero. Gracias a la flotación
de la tasa de cambio, los agregados monetarios se han vuelto
exógenos, lo cual le otorga mayor efectividad a la
política monetaria. A partir de Diciembre de 2001,
se
Anunció la posibilidad de utilizar también
un esquema de opciones "call" con el fin de vender divisas al
mercado cuando la Junta lo estime conveniente, respetando el
esquema de subastas. Este sistema de opciones cambiarias
instituido en Colombia es uno de los más transparentes de
la región, pues dicho mecanismo también cobija a la
Tesorería general de la Nación y todas
las entidades públicas (en contraste con lo que
ocurre en México o Chile).
El mayor poderío de la política monetaria
se ha visto empañado, tanto por el efecto del impuesto a
las transacciones (3×1000) sobre los agregados monetarios, como
por las mayores necesidades de financiamiento interno del
gobierno a través de los TES. Así, mayores
expansiones monetarias en ocasiones se han ido a engrosar el
portafolio de inversiones del sistema financiero en TES,
generando un mayor "crowdingout". Por ejemplo, dicho portafolio
creció cerca del 36% real en el 2000 y nuevamente 16% real
en el 2001. Esto impidió que la mayor holgura monetaria se
tradujera en mayor crédito al sector privado. En el
segundo semestre del 2002 se presentó una "crisis" de
confianza que afectó gravemente el mercado secundario de
TES, arrastrando el mercado primario a una parálisis casi
total.
Política Fiscal
La política fiscal de un país es un
elemento determinante en la creación de riqueza, el
crecimiento económico, y la relación entre el
ciudadano y el gobierno. El gasto público y los impuestos
demasiado altos entorpecen el progreso económico de los
países, lo cual condena a sus habitantes a seguir sumidos
en la pobreza.
En la literatura económica, la eficiencia de la
política fiscal como promotora del crecimiento
económico siempre fue relativizada por su forma de
financiación. Según Keynes, la eficiencia
sería menor en el caso de que el gobierno financiase sus
gastos a través del aumento de impuestos, reduciendo la
renta disponible del sector privado, lo que podría imponer
una carga tributaria excesiva. A su vez, la financiación
de la política fiscal mediante la expansión de la
base monetaria, tendría el mismo efecto que el de una
política monetaria expansionista: aumentaría el
producto pero también tendría un potencial
inflacionario. Por otro lado, la financiación del
déficit fiscal a través de la emisión de
títulos aumentaría los efectos del gasto
público como generador de renta y de empleo en el momento
actual, dejando para las futuras generaciones la carga del pago
de los intereses. Más tarde, Domar (1944) y Lerner (1944)
proporcionaron una nueva fórmula para el problema,
mostrando que la deuda generada para financiar el gasto
público, en circunstancias determinadas, se
dirigiría hacia un límite
"natural". Domar (1944) argumentaba que la
relación deuda/PIB tendía hacia una posición
de equilibrio siempre que hubiese un crecimiento
económico. Para Lerner (1944) la colocación de
títulos crearía un círculo virtuoso al
generar más renta y empleo, eliminando el origen de nuevos
déficits, tanto porque eliminaría la insuficiencia
de la demanda efectiva como porque aumentaría la
recaudación tributaria por el aumento de la base y, en
consecuencia, los límites de la financiación del
gobierno. Dentro de este contexto, los intereses no
representarían una carga para la sociedad y serían
considerados como una simple transferencia.
Por otro lado, es conocido el argumento de Friedman de
que, al contrario de la financiación del déficit
fiscal por medio de la expansión de la base monetaria, la
emisión de títulos disminuiría la liquidez
del sector privado, pudiendo generar una elevación de la
tasa de interés y una reducción de la
inversión privada, teniendo un efecto recesivo sobre el
nivel de renta (crowding out).
Aumentos en la recaudación de impuestos o
disminuciones en las transferencias para otros sectores, lo que
causaría, en ese momento, una disminución de la
renta. La tendencia de estos efectos sería la de
compensarse, determinando a largo plazo la neutralidad de la
política fiscal. La escuela de las expectativas
racionales, de la cual Sargent (1979) es uno de sus más
notables representantes, presentó una
interpretación más radical: la de que la
neutralidad sucede incluso a cortó plazo, pues los agentes
anticipan los resultados de las acciones del gobierno. Es decir,
en el caso de que los agentes anticipasen esa trayectoria, como
en los modelos de expectativas racionales, ella ni tan siquiera
tendría inicio.
Incluso con expectativas racionales sería posible
afectar el nivel del empleo a corto plazo, sorprendiendo a los
agentes con mudanzas no previstas de la
cantidad de moneda almacenada y causando disturbios
monetarios a medio y largo plazo. Como el horizonte de los
gobiernos está limitado por el tiempo que dura su
gestión, dan énfasis a decisiones que traen
resultados rápidos perjudicando la estabilidad de los
precios que ofrece beneficios a largo plazo. El problema
básico sería la fragilidad inherente de la
política como un proceso para tomar decisiones
económicas que exige que se de restricciones obligatorias
ante la generación de déficits públicos y la
imposición de limitaciones constitucionales para la
tributación y para la financiación de los gastos
del gobierno.
Buchanan (1986) llegó a defender la idea de
incorporar tales normas en la Constitución Federal, lo
que, en realidad, acabó sucediendo en muchos
países. Las reglas más comunes, adoptadas por un
gran número de países, se refieren a la
prohibición de que el Banco Central financie al gobierno,
la conocida "regla de oro" (las operaciones de crédito no
deben financiar los gastos actuales)2/ y a las limitaciones en la
financiación realizada a través de los impuestos
(por ejemplo, el principio de la anterioridad)3/. Los que
prefieren decisiones discrecionales al uso de reglas utilizan
como argumento el hecho de que la falta de flexibilidad que, en
general, tienen todas las reglas, acabe haciendo imposible su
mantenimiento en el transcurso del tiempo. Pero hay algo
más, la idea de que las reglas son demasiado
rígidas para ser cumplidas, por sí misma, lleva al
no cumplimiento porque retira todo el crédito del
proceso.
En las federaciones, el debate de las reglas en
relación a la discrecionalidad adquiere nuevos elementos.
Si, por un lado, el restablecimiento de la consistencia es
fundamental, por el otro el camino a ser seguido para tanto debe
respetar las peculiaridades de cada país. Sin embargo,
establecer reglas sin herir el principio de la autonomía
federativa puede ser una tarea difícil.
En lo que se refiere al endeudamiento subnacional, por
ejemplo, el análisis de las experiencias internacionales
presenta una diversidad significativa en los enfoques. En
términos generales, según Ter-Minassian & Craig
(1997), se pueden distinguir cuatro enfoques principales, aunque
algunos países puedan utilizar técnicas que
incluyan más de uno de los referidos enfoques.
El primer enfoque se basa en la confianza y en la
disciplina de mercado para determinar el límite del
endeudamiento de los estados. El segundo incluye el enfoque
cooperativo para los controles de la deuda, cuyos límites
son impuestos por la negociación entre el gobierno
nacional y los gobiernos subnacionales. El tercero se refiere al
control del endeudamiento subnacional con base en reglas
específicas en la constitución o en la ley. Y, por
último, el cuarto enfoque se refiere a los controles
directos del gobierno central sobre el endeudamiento
subnacional.
La CEPAL (1998) señala que, como el pacto fiscal
es el resultado de un proceso histórico de
consolidación de instituciones políticas y
sociales, no se debe esperar que sea fácil obtener de
inmediato consensos o coaliciones duraderas sobre cuestiones
controvertidas como, por ejemplo, la extensión y la
intensidad de las intervenciones del Estado en la economía
y la distribución por parte de la sociedad de la
financiación de la política fiscal.
Por el contrario, los cambios son lentos y
difíciles y exigen el ecuacionamiento político de
presiones que, muchas veces, no se detienen ante las
restricciones presupuestarias y acaban causando pérdidas
de control justamente en los puntos en los que existe una mayor
flexibilidad. Por lo tanto, los límites de este proceso
son mucho más determinados por la sustentabilidad de la
capacidad de financiación en el transcurso del tiempo. O
se producen niveles de inflación fuera de control, o se
genera una carga tributaria considerada excesiva, o una
relación creciente entre deuda/PNB, o hay una
insuficiencia de recursos fiscales para atender a las necesidades
sociales que serían responsabilidad del Estado en el
modelo en vigor, o una tasa de interés elevada para
intentar inútilmente restablecer la consistencia o,
finalmente, una mezcla de todos estos problemas.
En resumen, la experiencia de las finanzas
públicas en las últimas décadas, así
como los diversos códigos o leyes que institucionalizaron
estas cuestiones indican algunos temas que no deben ser excluidos
de ninguna legislación sobre el asunto:
a) Principios de gestión fiscal
responsable, con el objetivo de la consistencia con la
política macroeconómica para conseguir la
estabilidad.b) Posibilidad de imponer limitaciones, tanto
en la generación de déficits Públicos
(metas de resultado fiscal en los presupuestos anuales y
plurianuales), como en relación a su
financiación, sea a través de impuestos
(principios de anterioridad), sea por endeudamiento ("regla
de oro" y límites para la relación deuda/PIB) o
monetariamente (prohibición legal).c) Debido al ciclo electoral, necesidad de
definir reglas y prohibiciones más estrictas que
eviten que los gobernantes se aparten del equilibrio fiscal
en períodos de fin de gestión.d) En los casos federativos, la necesidad de
una definición clara de la relación entre los
niveles de gobierno, en especial en lo que se refiere al
endeudamiento subnacional, apoyándose esa
relación en el equilibrio federativo y en la
descentralización financiera;e) Necesidad de introducir mecanismos de
flexibilización de las reglas para permitir su
cumplimiento y garantizar su efectividad.f) La posibilidad de, alternativamente, o en
conjunto con la adopción de reglas, atribuir mayor
importancia a la transparencia y al control por parte de los
mecanismos del mercado.
Temas específicos
1) análisis de los 100 puntos de Uribe
100 puntos Álvaro Uribe
Vélez
La Colombia que quiero
1. Sueño con una Colombia con predominio de una
clase media democrática, tolerante, solidaria y respetuosa
con el medio ambiente.
2. Sueño con una Colombia en la que todos podamos
vivir en paz, resolver nuestras diferencias pacífica y
creativamente, gozar en familia de nuestras carreteras, paisajes
y ríos. Sentir con ilusión que nuestra Patria nos
pertenece y que debemos cumplir seriamente nuestras obligaciones
con ella. Una Colombia con autoridad legítima y cero poder
para los violentos.
3. Sueño con un País democrático en
lo político y en lo económico. Con oportunidades
para todos. Con un País de propietarios, con una
revolución de impulso a la micro, pequeña y mediana
empresa.
4. Sueño con un Estado al servicio del pueblo y
no para provecho de la corrupción y la
politiquería. Hoy el Estado es permisivo con la
corrupción, gigante en politiquería y avaro con lo
social.
Hacia un Estado
comunitario
5. Nuestro Estado Comunitario dedicará sus
recursos a erradicar la miseria, a construir equidad social y dar
seguridad. Habrá más participación ciudadana
en la definición de las tareas públicas, en su
ejecución y vigilancia. La participación ciudadana
garantiza que los recursos lleguen a la gente y no se enreden en
la politiquería.
6. El Estado burocrático y politiquero ha
engañado al pueblo con un discurso social que no ha
cumplido porque los recursos se han ido en clientelismo y
corrupción. El modelo Neoliberal abandona lo social a la
suerte del mercado, con lo cual aumentan la miseria y la
injusticia social.
7. La Presidencia será austera para dar ejemplo.
Gastará menos en burocracia para invertir más, por
ejemplo, en pequeña empresa.
8. Menos Congreso, menos consulados y embajadas. Menos
contralorías, menos vehículos oficiales. A cambio
más educación, más salud, más empleo
productivo.
9. El 7 de Agosto, a las 5 p.m., si con la ayuda de Dios
y el apoyo del pueblo colombiano llego a la Presidencia de
Colombia, presentaré el "Referendo contra la
Corrupción y la Politiquería", que incluirá
la reducción del Congreso, la eliminación de los
auxilios parlamentarios y de sus privilegios en pensiones y
salarios.
10. El municipio es al ciudadano lo que la familia es al
ser humano. El municipio es el primer encuentro del ciudadano con
el Estado. Defenderemos los municipios, pero se tendrán
que ayudar con austeridad y buena administración.
Municipios vecinos, que en lugar de tener cada uno su respectiva
unidad de asistencia agrícola se puedan agrupar y disponer
de una sola a través de un convenio con empresas
solidarias de profesionales y tecnólogos. Debe haber
personerías comunes para grupos de pequeños
municipios o ser sustituidas por la Procuraduría Nacional.
Explorar todas las posibilidades de asociación.
REFORMA POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA. LUCHA
CONTRA LA
POLITIQUERÍA
18. No podemos seguir con un Congreso que cuesta
$600.000 millones al año cuando para vivienda social solo
hay $150.000 millones. El número de congresistas debe
reducirse de 266 a 150. Sin privilegios pensiónales, ni
salarios exorbitantes. Un congresista español devenga $7
millones, uno colombiano gana el doble. Que haya audiencias
públicas para los reclamos regionales, pero no auxilios
parlamentarios que corrompen la política. Si los
eliminamos, con cada $10 millones de ahorro, podemos financiar
una pequeña empresa y crear 2 puestos de
trabajo.
19. Necesitamos un Congreso Visible. Que la gente
conozca por nombre propio a los congresistas. Que sepa a
qué hora entran y a qué hora salen, qué
proyectos presentan, qué debates impulsan.
20. Soy partidario de una sola Cámara que integre
al Congreso con la ciudadanía, titular de la democracia
participativa. Que para crear una ley, entre debate y debate,
haya más intervención ciudadana. Muchos de mis
compañeros comparten toda la reforma, pero quieren las dos
cámaras.
21. La circunscripción nacional debe reducirse a
lo necesario para la representación de las
minorías. Como se aplica en la actualidad, ha dejado
regiones sin representación y en muchos casos la
única relación entre el congresista y los electores
se da cada cuatro años cuando se entrega un dinero y se
recogen unos votos.
22. Buscaremos acuerdos para puntos de la reforma
política relacionados con los partidos y las elecciones,
con el buen cuidado de que por eliminar la dispersión no
se afecten los derechos de las minorías. El pluralismo se
tornó en dispersión y anarquía por los
auxilios, los sueldos, el clientelismo y los privilegios
pensiónales.
23. Impulsaremos una carrera administrativa especial en
la Registraduría, la Procuraduría y la
Fiscalía. Que predomine el concurso de méritos para
ingresar, pero que el titular disponga de poder discrecional para
desvincular funcionarios por razones de
desempeño.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
24. El padre de familia que da mal ejemplo, esparce la
autoridad sobre sus hijos en un desierto estéril. Para
controlar a los violentos, el Estado tiene que dar ejemplo,
derrotar la politiquería y la
corrupción.
25. De una vez tenemos que derrotar la
corrupción. Inicialmente propusimos ocho medidas y ya
tenemos muchas más. Eliminar el beneficio de casa por
cárcel para los corruptos. Que los corruptos no puedan
regresar al Estado por nombramiento, elección o contrato.
Que todo contrato tenga veeduría comunitaria, como
ocurrió en mi época de Director de Aerocivil
durante la construcción de los aeropuertos de Barranquilla
y Medellín. Audiencias públicas para la
adjudicación de contratos, como hice en Antioquia con las
licitaciones. Publicidad y cruce de precios para las compras
oficiales. Reforma a la licitación, para que haya subasta
pública entre proponentes que cumplan con los requisitos
financieros y técnicos, y publicar el prepliego antes de
su aprobación definitiva. Que las regalías se
contraten a través de entidades transparentes, sin
ánimo de lucro. Cátedra de Transparencia en
escuelas, colegios y hogares.
La carrera administrativa debe contar con concursos
transparentes realizados por entidades imparciales.
Eliminación de trámites innecesarios.
SEGURIDAD DEMOCRÁTICA.
26. Colombia sin guerrilla y sin paramilitares. La
autoridad legítima del Estado protege a los ciudadanos y
disuade a los violentos. Es la garantía de la seguridad
ciudadana durante el conflicto y después de alcanzar la
paz.
27. La seguridad será democrática. Para
proteger a todos, al trabajador, al empresario, al campesino, al
sindicalista, al periodista, al maestro, frente a cualquier
agresor.
28. Enalteceré la profesión de soldado y
policía. Que la comunidad los valore y respete. Que ellos
se esmeren por merecer respeto y admiración.
Que reciban formación técnica y su
esfuerzo sea premiado con becas de estudio y altas
calificaciones. Con más policías y soldados nuestra
fuerza pública sufrirá menos bajas, será
más respetada y el pueblo vivirá más
tranquilo.
29. Eliminaremos el servicio militar obligatorio cuando
hayamos completado
100.000 soldados profesionales. Este se ha prestado para
discriminar a trabajadores y campesinos y no es indicado para
enfrentar curtidos grupos violentos. Habrá la alternativa
de la docencia obligatoria. Todos los jóvenes
recibirán entrenamiento militar como los profesionales de
la reserva y serán colaboradores permanentes de la fuerza
pública. Cuando digo todos es porque se acabará la
discriminación.
30. El Presidente dirigirá el orden
público como corresponde en una sociedad
democrática en la cual la fuerza pública respeta a
los gobernantes de elección popular. En la
Gobernación de Antioquia fui el primer policía
del
Departamento. En la Presidencia seré el primer
soldado de la Nación, dedicado día y noche a
recuperar la tranquilidad de todos los colombianos.
Al final de esa Gobernación el secuestro
había descendido en 60%, las carreteras eran transitables
y el homicidio había bajado 20%. Los empresarios pudieron
volver a trabajar en Urabá, regresó la tranquilidad
para los trabajadores y cesaron las masacres.
31. Un país sin droga. Apoyar y mejorar el Plan
Colombia. Que incluya interceptación aérea para que
no salgan aviones con coca y regresen con armas. Pediré la
extensión del Plan para evitar el terrorismo, el
secuestro, las masacres, las tomas de municipios. Necesitamos
nuevas formas de cooperación internacional contra la
violencia: que Naciones Unidas envíe una misión
humanitaria a uno de nuestros municipios en donde la
ciudadanía sufre de represalias guerrilleras por la
resistencia civil a nuevos intentos de toma. Que esa
misión humanitaria para proteger a la comunidad tenga el
apoyo de soldados colombianos avalados por Naciones Unidas para
disuadir a los agresores. Este tipo de soluciones son
jurídicas, pero no convencionales. Un conflicto de la
magnitud del nuestro necesita de soluciones atípicas.
Demandamos la cooperación internacional porque este
conflicto se financia con el narcotráfico, negocio
criminal internacional, y se apoya en armas fabricadas afuera. La
comunidad democrática internacional no puede ser
indiferente al sufrimiento del pueblo colombiano. Proyectos de
sustitución de cultivos ilícitos que sean
sostenibles. Un acuerdo con 50.000 familias campesinas, cocaleras
y amapoleras, para que erradiquen la droga, cuiden la
recuperación del bosque y reciban una remuneración
de $5 millones familia por año.
32. Moralidad en la justicia penal para agilizarla con
transparencia. Acuerdos con consultorios jurídicos para
descongestionar despachos.
33. Necesitamos un estatuto antiterrorista que facilite
la detención, la captura, el allanamiento. A diferencia de
mis años de estudiante, hoy violencia política y
terrorismo son idénticos. Cualquier acto de violencia por
razones políticas o ideológicas es terrorismo.
También es terrorismo la defensa violenta del orden
estatal.
34. Agravar penas para delitos como el robo de
vehículos o porte ilegal de armas. Más severidad
con el menor delincuente de alta peligrosidad.
35. Impulso al arbitramento y a la justicia de
conciliación en lo civil, comercial, administrativo y de
familia, para acelerar y descongestionar.
36. Ensayar cárceles privadas. El Estado
pagará por interno. Las cárceles deben formar en
principios y en un oficio técnico. Como Gobernador de
Antioquia instalé una fábrica de gaviones en la
cárcel de Bellavista.
Exención tributaria para los empresarios que
produzcan en las cárceles.
37. Eliminar el Consejo Superior de la Judicatura. Es
muy costoso: $ 60.000 millones. Con ese dinero podemos financiar
10.000 viviendas sociales por año. Que la autonomía
de la justicia la administren las altas cortes con apoyo del
Ministerio.
38. Todos apoyaremos a la fuerza pública,
básicamente con información. Empezaremos con un
millón de ciudadanos. Sin paramilitarismo. Con frentes
locales de seguridad en los barrios y el comercio. Redes de
vigilantes en carreteras y campos. Todos coordinados por la
fuerza pública que, con esta ayuda, será más
eficaz y totalmente transparente. Un millón de buenos
ciudadanos, amantes de la tranquilidad y promotores de la
convivencia.
39. Concertar con transportadores y taxistas para
vincularlos a la seguridad de calles y carreteras. Cada carretera
tendrá un coronel del Ejército o de la
Policía responsable de su seguridad. El lunes
será el "Día de la Recompensa" que pagará el
Gobierno a los ciudadanos que en la semana anterior hubieran
ayudado a la fuerza pública a evitar un acto terrorista y
capturar al responsable. A liberar un secuestrado y capturar al
secuestrador. Se respetará la reserva de identidad y se
exigirá visto bueno de las autoridades
competentes.
40. Enseñar negociación de conflictos. Que
sirva para evitar la violencia infra familiar. Que los
cónyuges aprendan a discutir entre ellos con respeto, a
corregir con cariño a sus hijos para que éstos,
más tarde, en la escuela y el trabajo, sepan que todo
conflicto se puede negociar pacíficamente.
EN BUSCA DE LA PAZ
41. Soy amigo del diálogo con los violentos, pero
no para que crezcan sino para hacer la paz. Pediré
mediación internacional para buscar el diálogo con
los grupos violentos, siempre que empiece con abandono del
terrorismo y cese de hostilidades. Para el desarme y la
desmovilización puede haber todo el plazo que se requiera.
Urgencia para el cese de hostilidades, paciencia para los
acuerdos finales. Toda la generosidad en la reinserción.
Garantías efectivas para el ejercicio político de
quienes provengan de los grupos armados; que hagan
política sin armas y sin que los asesinen. Que no se
repita la experiencia de la Unión Patriótica donde
confluyeron dos errores: primero, combinar la política con
los fusiles, cuando los argumentos son las únicas armas
válidas de la lucha democrática; y, segundo, la
falta de mayor determinación por parte del Estado para
proteger a los militantes políticos. La agenda
temática de la democracia no se debe negociar bajo la
presión de los fusiles, pero a quienes los portan se debe
ofrecer condiciones para que los abandonen y hagan valer sus
ideas en los escenarios de la democracia.
CONFIANZA, ERRADICACIÓN DE LA MISERIA Y
JUSTICIA SOCIAL
42. Recuperar la confianza inversionista en Colombia con
orden público, buen manejo macroeconómico, claridad
y estabilidad en las reglas de juego. Controlaremos el lavado de
activos para que el dólar barato no siga arruinando
nuestra producción. Con el fondo de garantías,
estímulos tributarios, premios al pago puntual,
créditos asociativos y préstamos a través de
fundaciones. Habrá una tasa de interés más
razonable. Si una exención tributaria se elimina antes de
tiempo, que el Estado indemnice a los afectados para que haya
confianza inversionista.
43. Sin corrupción ni politiquería los
recursos tienen que alcanzar para erradicar la miseria y
construir justicia social.
44. Apoyar a la mujer cabeza de familia pobre con
carné prioritario para el Sisben, cupos escolares para sus
hijos, subsidio de vivienda social, ingreso al programa de
microempresas.
45. Organizar en cooperativas a 82.000 madres
comunitarias para dar almuerzo y refrigerio a un millón
400 mil niños. Hoy lo reciben 900.000. Así
ampliaremos la cobertura, mejoraremos la productividad de los
hogares comunitarios, podremos aumentar el monto de la beca a las
madres y vincularlas al subsidio familiar.
Propongo siete herramientas para construir justicia
social: revolución educativa, ampliación y
mejoramiento de la seguridad social, impulso a la economía
solidaria, manejo social del campo, manejo social de los
servicios públicos, desarrollo de la pequeña
empresa para que haya nuevos actores de la economía que
eviten la concentración de la riqueza, y calidad de vida
urbana, porque de lo contrario, aún con estudio, los
ciudadanos no tendrán motivación para vivir en
nuestro medio.
LA REVOLUCION EDUCATIVA
46. El País necesita una Revolución
Educativa que avance hacia la cobertura universal, la buena
calidad y acceso democrático. Una educación
crítica, científica, ética, tolerante con la
diversidad y comprometida con el medio ambiente.
47. La Revolución Educativa incluye 5 temas
esenciales: Cobertura. Propongo crear 1.500.000 cupos para
educación básica. Fortaleceremos la
educación pública, la comunitaria con más
recursos estatales para los pobres, y sistemas atípicos
como él de aprendizaje tutorial que impulsé en
Antioquia. Cambiaremos el servicio militar obligatorio por el
servicio docente obligatorio.
SALUD PARA LOS POBRES.
53. Fui senador ponente de la ley que creó el
SISBEN. En la Gobernación de Antioquia ingresamos
1.020.000 pobres. Lo aumentaremos, sin politiquería, para
los pobres. Será vigilado por universidades.
Preferirá a la madre cabeza de familia pobre, al anciano
pobre y al discapacitado pobre.
54. Para los taxistas seguridad integral, social y
policiva.
55. Que el régimen subsidiado de salud lo presten
entidades sin ánimo de lucro, integradas por cooperativas,
empresas solidarias, cajas de compensación y hospitales.
Tendrán cobertura regional, menos gastos en
administración y más cobertura.
56. Garantía de tarifas equitativas para
médicos y profesionales afines.
Garantía para que el usuario tenga opciones de
escogencia de instituciones prestadoras de servicios y
médicos. Que el crecimiento de las empresas promotoras de
salud no anule a las instituciones independientes.
57. Programas de quejas y reclamos de usuarios y
pacientes de salud.
58. Extensión de la Superintendencia de Salud con
supervisores como los departamentos, municipios, universidades y
asociaciones comunitarias.
59. Evitar la evasión en los pagos a la salud
para aumentar cobertura. Se hará con el cruce de
información y el mejoramiento de la
sistematización.
60. Necesitamos salvar al Seguro Social porque la
opción pública es esencial en el esquema de
empresas promotoras de salud. Lo destruyó la
politiquería, no la Ley 100. Entre 1993 y 1998 pasó
de 23.000 empleados en nómina directa y paralela a
más de 43.000. Así no hay chequera que resista.
Para salvarlo cuatro medidas: no entregarlo a los directorios
políticos; reducir costos con la ayuda y
comprensión de los trabajadores; contratos imaginativos
con el sindicato, con cooperativas de trabajadores, con cajas de
compensación para el mejor manejo de las clínicas;
aportes de
Gobierno.
COOPERATIVISMO, HERRAMIENTA
FUNDAMENTAL
61. Toda la vida he trabajado con las cooperativas.
Fondo de Garantías para facilitar crédito a las
cooperativas. Cooperativas educativas. Las de trabajo asociativo
deben ser verdaderas empresas, con ingresos justos y seguridad
social. En el sector agropecuario para el mercadeo de insumos y
productos finales. De campesinos propietarios en empresas
productivas y en bancos de maquinaria. Para unir pequeños
y medianos exportadores. Mantener la exención tributaria
con la condición de que los excedentes sean aplicados a la
revolución educativa.
EL CAMPO Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA
62. Manejo social del campo. En el 2010 nuestra Patria
podrá tener cerca de
50 millones de habitantes con alta dependencia del campo
para su seguridad alimentaria y el empleo. Protección
razonable y regulaciones sociales por oposición a las
importaciones desbocadas. Impulso a sistemas asociativos de
producción, mercadeo, a bancos de maquinaria de campesinos
y gremios, a las cadenas productivas, a la investigación.
Apoyo con fianza del fondo de garantías. Subsidios para el
café y el algodón.
Seguro de cosecha en uno o algunos productos campesinos,
en un comienzo por vía experimental. Evitar dólar
barato, a lo cual debe contribuir el Banco Central y cuidar tasa
de interés. Exención de arancel e IVA a
importación de maquinaria durante dos años.
Exención de largo plazo a la madera comercial y sus
derivados para concentrar el pago del Certificado
Forestal a favor exclusivo de campesinos.
Exención tributaria a la producción de alimentos y
medicamentos provenientes de la investigación.
Para los planes de expansión de cultivos utilizar
el Incentivo de
Capitalización Rural de contado, o a plazos con
avales a créditos de los agricultores o certificados
tributarios futuros.
63. Necesitamos a los campesinos y a los empresarios.
Fraternidad en la tenencia de tierras, sin feudalismo ni lucha de
clases. Adelantaremos una política de tierras encaminada a
mejorar las condiciones sociales y productivas de nuestros
campesinos pobres. La tierra que se compre para reforma agraria
deberá ser buena y productiva. El Estado la
adquirirá a precios de mercado y la entregará a
grupos asociativos. El Estado pagará el ciento por ciento
del precio. Los beneficiarios recibirán apoyo en
crédito barato, tecnología y
comercialización de sus productos. En fincas ganaderas
préstamo de tierra a campesinos para cultivos.
64. Respeto a la variable ambiental. Ecoturismo exento
de impuestos para proteger parques. Sustituir droga por cuidado
del bosque mediante subsidios. Eliminar la politiquería en
las corporaciones ambientales, revisar su estructura e introducir
más participación comunitaria para la
ejecución de los recursos que deben privilegiar la
arborización protectora, la disposición final de
basuras y el saneamiento básico de aguas
residuales.
SERVICIOS PÚBLICOS
65. Manejo social de los servicios públicos. Las
familias empobrecidas consumen creciente porción del
ingreso en el pago de facturas de servicios públicos. Hay
empresas quebradas, inversionistas que se quieren ir y falta
mucho en cobertura y calidad. Los servicios públicos
requieren capital público y privado, sin
politiquería en las entidades estatales ni abusos en las
particulares. Crearemos el programa de quejas y reclamos, sin
nuevas burocracias, con participación de universidades.
Mantendremos los subsidios. A fin de democratizar la propiedad
propondremos mecanismos para que los usuarios sean socios ya
lanzamos una idea en Buenaventura que tendría como capital
semilla los aportes de la Nación para recuperar y ampliar
el sistema. No permitiremos que la tarifa de subsistencia, la que
pagan los pobres de menores consumos, se eleve por encima de la
inflación. Debemos castigar el consumo suntuario, la
cultura de no pago de entidades y premiar el esfuerzo de los
cumplidos. Me aplicaré personalmente a la solución
de EMCALI. Todos harán esfuerzos: los gobiernos nacional,
departamental y municipal; el sindicato; los acreedores; los
usuarios.
VOCACIÓN EMPRESARIAL
66. Nuevos actores de la economía. Colombia es el
país del continente con mayor vocación empresarial.
El informal tiene tanta alma de empresario como el dueño
de la más sofisticada industria tecnológica.
Contamos con una magnífica red de entidades sin
ánimo de lucro para apoyar la pequeña empresa a
través de capacitación y crédito, como el
Banco de la Mujer, la Fundación Carvajal, Mac,
Microempresas, Actuar, Fundesan, Corporación Social,
Hogares Don Bosco, Santodomingo, Contactar, para mencionar unas
pocas. Con el Banco Interamericano y la Corporación
Empresarial del Banco Mundial buscaremos un crédito de
largo plazo y baja tasa de interés que se
canalizará por dicha red para dotar de recursos a los
pequeños empresarios, sin que la hipoteca sea esencial,
con garantías a su alcance. Los sectores populares son
buenos pagadores como lo demostró la Caja Agraria, que no
la quebraron los campesinos sino los ladrones de cuello blanco.
La fibra creativa de nuestros pequeños empresarios
necesita oportunidades y nuestra determinación es
encontrarlas. De ese modo crecerán, su contribución
al empleo será inmensa y se constituirán en nuevos
actores económicos que frenarán la
concentración de la propiedad y el ingreso. Especial
atención prestaremos a la conversión de informales
en empresarios con locales adecuados. Tenemos que proteger
actividades económicas típicas de clase media, que
son verdaderas defensas de la democracia: la tienda de barrio
para que no sea desplazada por las grandes cadenas; la farmacia
familiar; la estación de gasolina de propiedad de una
familia.
67. Queremos que los sindicatos de trabajadores tengan
la posibilidad de ser empresarios. Me he comprometido con muchos
de ellos a impulsar los contratos sindicales y sus proyectos
empresariales para hacer la transición de un sindicalismo
reivindicatorio a otro de participación.
EMPLEO Y VIVIENDA
68. Sí al empleo productivo. No al clientelismo.
Un puesto clientelista anula
4 empleos productivos. Dos años sin Arancel ni
IVA para la importación de maquinaria productiva. Los
trabajadores menores de 25 años y los mayores de 50 no
generarán cargas parafiscales pero tendrán derecho
a seguridad social. Buscaremos convenios internacionales para un
plan de distritos de riesgo, de pavimentos en vías
secundarias.
69. Impulso a las zonas especiales de
exportación.
70. Exención tributaria a la construcción
de nuevos hoteles, a la remodelación de los viejos, al
turismo ecológico.
71. Que los sistemas de transporte masivo, transmilenios
y semejantes, tengan participación democrática de
los transportadores. Los impulsaremos en Cali, Barranquilla,
Bucaramanga y Cartagena. En Bogotá para extenderlo y en
Medellín para complementar el Metro.
72. Construiremos 100.000 viviendas sociales por
año, sin intermediarios politiqueros. Las cajas de
compensación manejarán los subsidios para la
población más pobre. Estas entidades deberán
reducir los costos de funcionamiento, efectuar alianzas entre las
pequeñas. En las grandes ciudades debe permitirse que los
trabajadores escojan la caja a la cual deben
afiliarse.
73. Extenderemos la exención tributaria de los
préstamos de vivienda social a la vivienda de clase media
para aumentar los recursos, extender los plazos y reducir la tasa
de interés. Buscaremos que el costo total para la clase
popular no exceda de inflación más seis puntos.
Entregaremos recursos de microcrédito para vivienda a fin
de evitar la acción de los agiotistas. Para impulsar la
tasa de interés hacia abajo canalizaremos las
participaciones de las regiones a través de los bancos
comprometidos con vivienda social.
74. La calidad de vida urbana nos enseña a
apreciar al vecino, a amar el parque y a tener una vida alegre.
Apoyaremos los bancos de tierra y zonas de reserva para
garantizar el espacio público ecológico y
recreativo y evitar
que la selva del cemento anule la ilusión de
residir en nuestras ciudades. Impulso a lotes con servicios y muy
buena calidad urbanística.
75. Estímulos tributarios para quienes aporten
sus inmuebles a la renovación urbana, para recuperar las
zonas deprimidas dotadas de servicios públicos. Que se
construyan parques, senderos de bicicletas y edificios que
aprovechen la altura y asequibles a sectores populares y clase
media. Desmarginalización de asentamientos urbanos.
Legalización administrativa de inmuebles populares que no
estén sometidos a reclamaciones judiciales.
76. Estímulos tributarios a la
construcción de vivienda para dar en arrendamiento con
opción de compra. También el estímulo
tributario al crédito en materiales de
construcción.
77. Parte del subsidio de vivienda se dedicará a
apoyar el fondo de garantías y a dar un seguro de tasa de
interés para reducirla. Permitirá más
crédito a más plazo. Buscaremos que el sistema de
subsidio pueda favorecer a personas que no cumplan con los
requisitos de ahorro programado.
TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA
78. Con seguridad se harán viables las
concesiones para tener mejores carreteras y ferrocarriles y
recuperar la navegabilidad de los ríos.
79. Un propósito: recuperar la navegabilidad del
Río Magdalena. Unir este proyecto a las opciones de puerto
de Barranquilla, al mejoramiento del canal de acceso y a la
recuperación de los puertos del río. La
unión hará la fuerza para obtener los recursos y
lograr una concesión razonable.
80. Los puertos contaminantes no pueden seguir afectando
la zona turística de Santa Marta. Para embarcar el
carbón utilicemos correctivos de verdad, o el Ferrocarril
de la Guajira o las opciones portuarias de
Barranquilla.
81. El Canal del Dique hará parte del proyecto.
Una primera fase debe definir la regulación de la entrada
de agua en Calamar para garantizar el flujo suficiente y evitar
el exceso que afecta la bahía de Cartagena.
82. Mantenimiento y nuevos desarrollos del puerto de
Buenaventura.
83. Avanzar en el proyecto de puerto en el
Pacífico del Chocó, Tribugá u otro. Concluir
la carretera Condoto – Nuquí, con absoluto respeto de la
ecología.
84. Trabajaremos en el sueño de la
conexión del río Meta con la Hidrovía
Suramericana.
85. Buscaremos un convenio con los productores de
cemento y asfalto, con los centros de estudio, los ingenieros y
los bancos, para emprender un masivo plan de pavimentos en las
vías del agro. Continuaremos los proyectos viales en
marcha y adicionaremos otros. Avanzaremos con la concesión
ya otorgada en ferrocarriles y el estudio de nuevos
proyectos.
86. Buscaremos convenios semejantes con otras naciones
para adelantar distritos de riego que reclaman en el Tolima,
Huila, Nariño, Atlántico, Cesar, Meta,
Casanare y otros departamentos. Que el Estado no los construya
pero que subsidie a los campesinos y productores. El subsidio
debe ser de contado o a través de compromiso de pago de
créditos.
87. Colombia debe participar en el plan
energético Panamá-Puebla, para la cual es necesario
interconectarnos con la Nación hermana. Debemos seguir en
el desarrollo de nuestros recursos energéticos. Más
conexión con Venezuela y Ecuador. Más
proyectos hidroeléctricos y térmicos ajustados a la
ecología. Debemos acelerar el ritmo de exploración
en petróleo y gas. Debemos tasar con equilibrio las
regalías para que estimulen las inversiones y beneficien a
las regiones. La masificación del gas natural es una
necesidad social, que obliga a conciliar muy cuidadosamente los
intereses de inversionistas y consumidores. Esto es más
importante que polarizar el debate entre precio controlado o
libre, frente a lo cual encontraremos opciones
equilibradas.
88. Buenas empresas como Isagen no se deben privatizar,
entre otras razones, porque al necesitarse nuevos proyectos de
generación de energía, no hay la seguridad de que
el mercado los realice. Sin embargo, este tipo de empresas
estatales debe proceder con toda agilidad; tener la audacia de
descubrir proyectos, elaborarlos, promocionarlos y venderlos
total o parcialmente en el mercado.
IMPUESTOS Y REFORMA PENSIONAL
89. En impuestos proponemos racionalizar las tarifas,
dar períodos de ajuste e introducir severas sanciones
penales a los evasores. Cuando se sale del País se pagan
los impuestos y aquí no. La evasión no sólo
es un problema fiscal sino de capital social, de insolidaridad en
el comportamiento ciudadano. La progresividad del tributo no se
debe medir tanto en el origen como en el destino social. La
eliminación de la corrupción y la
politiquería animará el pago de los contribuyentes.
También lo hará la percepción deque sus
impuestos resuelven necesidades sociales. Debemos eliminar las
exenciones que no tengan relación con la
recuperación de la economía y el empleo, y
ofrecemos algunas específicas que apoyen esos
propósitos. Cuando confluyen crisis de deuda,
déficit, desempleo, miseria, desconfianza inversionista, y
el Estado tiene severas limitaciones para financiar programas y
otorgar subsidios, las exenciones son una herramienta necesaria.
Pondremos atención para que no ahonden el hueco fiscal.
Confiamos que su impacto tonificará la economía e
incrementará el recaudo de impuestos. Cualquier incremento
impositivo no puede afectar la capacidad adquisitiva de los
pobres.
90. La reforma pensional debe eliminar privilegios.
Reducir la pensión del Presidente, congresistas,
magistrados de las altas cortes. Poner topes o gravar excedentes.
En las pensiones de base respetará derechos adquiridos,
expectativas próximas y procederá con
responsabilidad fiscal y corazón para introducir los
cambios necesarios. Normas para que la esposa y los hijos del
pensionado no queden abandonados. Queremos crear condiciones para
que los fondos de pensiones puedan financiar actividades
productivas, con la debida seguridad de las inversiones; si
invierten en el mercado hipotecario que exista una
garantía adicional.
91. En el diálogo directo con mis compatriotas he
adquirido compromisos serios con cada región de la Patria.
Desde Bogotá hasta el más humilde poblado. Que
Bogotá pueda tener más parques, más
pequeñas empresas, más renovación urbana,
recursos para su red vial, Transmilenio por la séptima y
la décima, por las franjas urbanas del Ferrocarril, de
integración con Soacha. Examinaremos con las autoridades
de la ciudad acuerdos en materia de peajes y sobre tasa a los
combustibles.
RELACIONES INTERNACIONALES
92. Nuestra política internacional honrará
la tradición colombiana de respeto a la
autodeterminación de los pueblos. Pero en el mundo moderno
esa autodeterminación sólo es aceptable a
través de la democracia. Tan rechazable es el terrorismo
contra estatal como el para estatal. Toda nación que nos
quiera ayudar a conseguir la paz debe hacerlo por conducto del
Gobierno de Colombia. Que ninguna sea protectorado de nuestros
delincuentes. La Comunidad Andina no necesita salvar la
apariencia sino una férrea decisión política
de recuperación. En las nuevas negociaciones de comercio
haremos equipo con empresarios y trabajadores. Apoyamos los
procesos de integración pero con cláusulas sociales
de equidad para que el mundo no se divida más entre
países beneficiarios y víctimas del libre
comercio.
93. La comunidad internacional sabrá de toda
nuestra determinación para realizar la política de
orden público y total transparencia para rescatar los
derechos humanos. Ninguna presión nos hará
renunciar al derecho de los colombianos de recuperar la paz y la
tranquilidad.
94. Colombia ha sido cumplida con sus obligaciones
financieras e incumplida con la deuda social. Construiremos
prudentemente condiciones para honrar el pago de ambas. Haremos
acuerdos con los organismos multilaterales sin sacrificar lo
social. Ofreceremos derrotar la corrupción, la
evasión, ajustar los tributos sin afectar la capacidad
adquisitiva de los pobres y ahorrar con la eliminación del
Estado Politiquero. En lugar de reducir los recursos de
educación y salud, disminuyamos los gastos de la
Presidencia, el Congreso, cerremos las embajadas y consulados
innecesarios.
95. Colombia no puede seguir expulsando a sus ciudadanos
por negarles seguridad y oportunidades. Haremos todos los
esfuerzos para que los colombianos que viven en el extranjero
sientan la solidaridad de su gobierno.
UN GOBIERNO SERIO, EFICAZ Y HONRADO. NO
MILAGROSO.
96. Mi espíritu antioqueño y mi
vocación campesina me han alimentado un infinito amor por
todas las regiones de Colombia.
97. Ofrezco un Gobierno serio, eficaz, honrado, no
milagroso. Temo a la demagogia y al populismo porque la
frustración de las promesas electorales afecta la
credibilidad democrática.
98. Me haré moler para cumplirle a Colombia. En
mis manos no se defraudará la democracia. Insistiré
que el País necesita líneas estratégicas de
continuidad; una coalición de largo plazo que las ejecute
porque un Presidente en cuatro años no resuelve la
totalidad de los complejos problemas nacionales. Pero
avanzaremos. Por eso propongo un Gobierno de
Unidad Nacional para rescatar la civilidad. He invitado
al pueblo liberal, al cual pertenezco, que defiende el libre
examen, la experimentación, la crítica y la
solidaridad; a los conservadores, defensores del orden, necesario
para todas las libertades sociales; a los independientes, con
quienes compartimos el bello sueño de derrotar la
politiquería y la corrupción; a los reinsertados,
las negritudes y los indígenas, con quienes he tenido
magníficas experiencias de ampliación de la
inversión social y de consolidación del
pluralismo.
99. Construyamos una Nación con 100% de
tolerancia a la diversidad, a la idea ajena, pero con cero
permisividades a la violencia, la corrupción y la
politiquería. Una Nación con conciencia
ética para que todos nos preocupemos de no hacer
daño al prójimo con nuestro
comportamiento.
100. Aspiro a ser Presidente sin vanidad de poder. La
vida sabiamente la marchita con las dificultades y atentados.
Miro a mis compatriotas hoy más con ojos de padre de
familia que de político. Aspiro a ser Presidente para
jugarme los años que Dios me depare en la tarea de ayudar
a entregar una
Nación mejor a quienes vienen detrás. No
quiero morir con la vergüenza de no dar hasta la
última lucha para que mi generación pueda
tranquilamente esperar el juicio de la historia.
Nota: El programa de gobierno ha sido construido en un
proceso popular participativo. Se han realizado 30 talleres
democráticos, que son ejercicios de planeación
estratégica con la modalidad de meta-plan, con el
propósito de construir visión de País al
año 2010 y evaluar las expectativas de cada región
en relación con la próxima administración
presidencial; más de 60 seminarios cortos con temas
especializados; y, 600 conversatorios en el año 2000 y
más de 1.000 en el año 2001.
Nota 2: Conserve este manifiesto. Si ganamos la
Presidencia haga que lo Cumplamos.
Nota 3: Las ideas de los otros candidatos que sean
útiles para mi patria, las Recogeré y
aplicaré, si puedo ser Presidente de Colombia.
Plan Nacional de
Desarrollo
(2003-2006)
BRINDAR SEGURIDAD DEMOCRATICA
La violencia ejercida por organización criminales
de diversa índole es el principal desafió que
afronta Colombia. La sucesión de homicidios y secuestros
la repetición de actos terroristas y la profusión
de negocios ilícitos se han convertido no sólo en
un obstáculo para el crecimiento económico, sino
también en una amenaza para la viabilidad de la
Nación. Sin seguridad no hay prosperidad, no hay sosiego y
puede no haber futuro. En tiempos recientes, Colombia ha sido
testigo (presencial y apática) del crecimiento de los
grupos armados ilegales. Este crecimiento se ha dado no solo de
manera intensiva (más gente en las mismas organizaciones
ilegales) sino también de manera extensiva (más
organizaciones ilegales que se han sumado a las existentes), Las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) duplicaron su
pie de fuerza en las últimas décadas. El
Ejército de Liberación Nacional (Eln) tuvo una
evolución similar en el mismo periodo. Y los grupos
ilegales de autodefensa, que apenas existían hace diez
años, suman actualmente más de diez mil hombres.
Las consecuencias han sido mortales y ruinosas, literalmente.
Más de cincuenta mil personas han muerto en combate en los
últimos diez años o han sido asesinadas por grupos
violentos; dos millones de campesinos han tenido que abandonar
sus tierras por temor a la violencia o por intimidación y
cientos de millones de dólares se han perdido en ataques
terroristas a la frágil infraestructura
nacional.
IMPULSAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE Y
LA
GENERACIÓN DE EMPLEO
El crecimiento sostenido fue una característica
notable de la economía nacional durante la segunda mitad
del siglo XX. Vale recordar, por ejemplo, que solo Brasil
creció e una tasa promedio superior a la colombiana entre
1960 y 1995. El crecimiento rápido y estable redujo la
pobreza y permitió un progreso continuo de los indicadores
sociales: desde la esperanza de vida hasta las coberturas de
educación. Pero el desempeño de nuestra
economía cambio drásticamente desde finales de la
década pasada. El crecimiento se desplomó en 1999 y
no se ha recuperado cabalmente desde entonces, la
inversión privada se redujo de 12% del producto en 1994 a
7% en 2001, el desempleo creció en cerca de diez puntos
porcentuales y la pobreza en más de siete.
Sobra decirlo, la recuperación del crecimiento
económico es la única salida para devolverle el
bienestar material a millones de colombianos y dárselo a
otros tantos. Las causas de las caídas en el crecimiento
son múltiples y todavía ampliamente debatidas.
Análisis recientes muestran que tres factores explican el
grueso de la desaceleración reciente de la
economía:
A) La intensificación del conflicto armado (en
particular, el aumento en los secuestros, las extorsiones y los
atentados terroristas de toda Índole).
B) El desbalance de las finanzas públicas (en
especial, el escalamiento del gatos público).
C) El deterioro en las condiciones externas (en
particular, la volatilidad de los flujos de capital y la
caída en los términos de intercambio) La
conjunción de estos factores ha ocasionado una
pérdida de confianza en la economía que se ha visto
reflejada en las exiguas tasas de inversión
privada.
CONSTRUIR EQUIDAD SOCIAL
La equidad social es un punto principal de las
políticas de desarrollo. El desarrollo no solo debe
conducir a un aumento económico sino a una
distribución mas equitativa de sus frutos, del crecimiento
económico, la política tiene que atender 3
desafíos.
1. Aumentar la eficiencia del gasto
público.
2. Mejorar la focalización del gasto para que
estos lleguen a los más pobres.
3. Consolidar un siste3ma de protección social
para que la crisis económica no comprometa, por completo,
las posibilidades futuras de los grupos más
vulnerables.
La estrategia del gobierno contiene 7 elementos
principales.
1. Revolución Educativa ampliar la
cobertura mejorar la calidad tener más eficiencia
mejoramientos de programas educativos.
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